Democracia en vitrinas

Porfirio Muñoz Ledo
29 de marzo de 2008


En 1969 fui requerido por un alto funcionario para darle mi opinión sobre el estado del sistema político mexicano después de la represión del año anterior. Era yo a la sazón profesor de la materia en El Colegio de México y ello me obligaba a un texto analítico pero también prospectivo. Lo titulé “Patria de escaparate”, en alusión a la propaganda triunfalista desplegada con motivo de las Olimpiadas, que pretendió enmascarar la crisis del régimen.

El texto, ahora abierto a consulta en el Archivo General de la Nación, quería destacar el paroxismo de la simulación al que se había llegado. Contenía una crítica severa a las deudas sociales acumuladas, un recuento de los cuellos de botella de la economía y una propuesta de reforma política, que después fue conocida como “apertura democrática para el desarrollo”.


Casi 40 años después verá la luz un volumen en el que trazo la crónica de una transición catastrófica, por la que hemos arribado a una situación mucho más grave que la de entonces: la ilegitimidad del poder público que intenta sostenerse mediante la supeditación a un protectorado transnacional. De un lado, la negativa cómplice a mostrar los testimonios del fraude electoral y del otro la determinación de violentar la Constitución mediante una legislación espuria sobre energía.


La oferta del recién estrenado consejero presidente del IFE, en sentido de mostrar las boletas electorales de 2006 protegidas por vitrinas, más parece una metáfora que el cumplimiento de una disposición constitucional. Vitrina es un “escaparate con tapas o puertas de cristales, pare tener expuestos a la vista, con seguridad, objetos de arte o artículos de comercio”. En este caso para exhibir, sin posibilidad de ser revisados, los documentos que acreditan la expresión de la soberanía popular.


La controversia inicia con la demanda de amparo interpuesta por Rafael Rodríguez Castañeda para reclamar la inconstitucionalidad de la negativa de acceso a las boletas electorales, tanto como la del artículo 254 del Cofipe. La Suprema Corte negó en definitiva el recurso y con ello colocó la ley electoral por encima de la ley suprema, que en su artículo sexto establece: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública” y “en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.


La propuesta formulada por Leonardo Valdés sólo satisface el derecho a ver, pero en modo alguno el de estar informado. Argumentar obstáculos materiales es superfluo ya que se trata de una corroboración crucial para la historia política del país que podría ocupar el tiempo y los medios que fuesen necesarios. El alegato fundado en que implicaría la reapertura del proceso electoral es falaz, ya que éste ha concluido legalmente y producido consecuencias factuales que lamentamos.


En ese sentido se pronunció el ministro Góngora Pimentel, para quien la norma electoral no es aplicable ya que “el proceso respectivo terminó con la declaratoria de validez efectuada por el Tribunal Electoral”. Tampoco puede involucrarse “la afectación de derechos políticos, porque éstos ya fueron ejercidos y calificados”. El quejoso “no pretendía resolver una disputa electoral, ni mucho menos decidir quién es el titular legítimo del Poder Ejecutivo”. “Lo único que debe resolverse es si al destruirse las boletas se viola el derecho a la información”.


Tal el argumento central del recurso interpuesto por Sergio Aguayo, sobre el cual ha recaído una suspensión provisional que impide la ejecución del fallo anterior. Su actitud es agnóstica: no pretende impugnar ni avalar la elección, pero estima que el derecho ciudadano a saber es inviolable. Le preocupa la percepción generalizada de que se han corrompido los procesos electorales, ya que según la encuesta que cita 69% de la población considera que éstos son “poco limpios”, “nada limpios” o “fraudulentos”. Entre ellos 57% de los panistas consultados, lo que añade una dosis de cinismo.


Su reflexión es histórica. Ha encontrado similitudes entre los comicios de 1929, 1940, 1952, 1988 y los más recientes. Entre ellos: intervención del gobierno a favor de un candidato, canalización de recursos públicos para ese fin, participación ilegal de empresarios, parcialidad de los árbitros electorales, complicidad de la comunidad internacional y férreo control sobre la información. El “litigio de las boletas forma parte de la construcción de la verdad histórica” y, habría que decir, de la restauración democrática.


Eso es precisamente lo que el gobierno y sus aliados buscan impedir, mientras no logren afianzarse en el poder por la vía de los hechos y asegurar su reproducción mediante acuerdos denigrantes con potencias extranjeras. Quieren evitar el estallido de los escaparates, que abriría anchas avenidas a la ciudadanía para el rescate de sus derechos conculcados.


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