Arturo Alcalde Justiniani
Pemex: los profesionistas y técnicos se organizan
Treinta mil trabajadores profesionistas y técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) participan en la operación de plantas, refinerías, complejos petroquímicos, de gas, oficinas administrativas, plataformas y hospitales; son los ingenieros, economistas, administradores, médicos y demás especialistas que ocupan una amplia gama intermedia entre directivos y trabajadores operativos. Su labor es altamente calificada y estratégica para el desarrollo de la empresa, sin embargo históricamente ha sido devaluada. Se piensa que la mejor política es desplazarlos para reducir costos. Este equívoco se ha hecho evidente, por ejemplo, en la Cuenca de Burgos, donde se han sustituido, sin justificación, más de mil trabajadores con personal subcontratado por la trasnacional Repsol; también con el intento, hasta ahora fallido, de modificar su contratación individual con la aviesa finalidad de suprimir su estabilidad laboral.
El proceso organizativo de este sector exhibe los obstáculos que viven los trabajadores para agremiarse libremente en nuestro país; son incontables los esfuerzos para lograr ser escuchados en sus planteamientos laborales y profesionales; la constante ha sido la represión. En este largo andar hacia la organización colectiva, destaca la formación de la Asociación de Técnicos y Profesionistas Petroleros iniciada en 1973 en las oficinas centrales de la paraestatal. Su experiencia facilitó, un par de años después, su integración como sección dentro del sindicato petrolero con 15 mil miembros. Su reconocimiento gremial duró tan sólo 14 años; poco después del golpe al sindicato, encabezado en aquel tiempo por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en 1989, el gobierno federal impuso la desarticulación de esta sección en tres vías: los profesionistas serían considerados personal de confianza, una parte de los técnicos se mantendrían en el sindicato y 5 mil trabajadores se irían a la calle.
Un nuevo periodo se abrió a principios de los años 90 con la formación de la Asociación Nacional de Trabajadores Petroleros (ANTP), provenientes mayoritariamente de las refinerías de Tula y Salina Cruz. Entre 1992 y 2004 surgieron otros intentos de organización como Todos por Pemex. En 2001, el Sindicato Gremial de Médicos dio la batalla para su registro por cerca de dos años, hasta que en enero de 2002 le fue negado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alegando absurdas formalidades contrarias a la ley. Ese mismo año nace la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP), quizá la más cercana a su reconocimiento legal al ser vista con simpatía por el nuevo gobierno panista, ya que varios de sus dirigentes militaban en este partido; después de promesas y engaños por parte de la STPS, bastó un manotazo de Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato petrolero, para que les fuera negado de inmediato su registro. Su litigio por la vía del amparo avanzó en su favor, pero la empresa logró convencer a los principales dirigentes de aceptar su jubilación anticipada, con una previa y jugosa promoción escalafonaria, a cambio del desistimiento de su solicitud de registro sindical. A pesar de los años, convendría aclarar esta penosa experiencia que exhibe el verdadero rostro de la política laboral del llamado “gobierno del cambio”.
Es de destacar la formación en el año 2002 de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), bajo la forma de asociación civil, encabezada por personajes de gran prestigio y entrega, David Eduardo Cortés Bastidas y Felipe de Jesús Díaz González, quienes generosamente dedicaron sus últimos años de vida en favor de la promoción y defensa de los trabajadores petroleros. En estos días de profunda controversia sobre el futuro de la industria petrolera convendría rescatar sus análisis y previsiones que hoy se cumplen a cabalidad. Esta asociación evolucionó hacia la forma sindical como la UNTCIPM buscando su reconocimiento legal, que como era de esperarse, fue reprimida; no se olvida el 21 de junio de 2004 cuando Pemex lleva a cabo el despido masivo de su dirigencia en un intento por arrancar de raíz la ilusión de la asociación libre y democrática. Finalmente, las autoridades laborales, haciendo causa común con la paraestatal, les negaron toda posibilidad de reconocimiento legal alegando su supuesta condición de personal de confianza, a pesar de que nuestra legislación les reconoce expresamente el derecho de asociación sindical, con la única condición de que no formen parte del sindicato que agrupa al resto de los trabajadores.
Como muestra del tesón y la valentía de este sector de trabajadores, el pasado 18 de marzo, precisamente aniversario de la expropiación petrolera, renovaron su esfuerzo organizativo. En las instalaciones de la Cámara de Diputados, ante la presencia de numerosas organizaciones sindicales y de la sociedad civil como testigos de honor, se constituyó la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), encabezada por Didier Marquina. Su declaración de principios ratifica el compromiso con la defensa de sus derechos laborales y el desarrollo eficiente de la paraestatal como palanca fundamental de una política en favor de todos los mexicanos.
La UNTyPP es heredera de muchas luchas y esfuerzos en favor del reconocimiento al derecho de asociación en Pemex. Si bien es cierto que la formación de cualquier organización gremial democrática es de celebrarse en nuestro país, tratándose de los técnicos y profesionales de nuestra principal industria, de la cual depende en buena parte la suerte de las futuras generaciones, adquiere especial trascendencia; más ahora, que está en juego el destino de este recurso energético propiedad de todos los mexicanos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/29/index.php?section=opinion&article=020a1pol
sábado, 29 de marzo de 2008
Democracia en vitrinas
Porfirio Muñoz Ledo
29 de marzo de 2008
En 1969 fui requerido por un alto funcionario para darle mi opinión sobre el estado del sistema político mexicano después de la represión del año anterior. Era yo a la sazón profesor de la materia en El Colegio de México y ello me obligaba a un texto analítico pero también prospectivo. Lo titulé “Patria de escaparate”, en alusión a la propaganda triunfalista desplegada con motivo de las Olimpiadas, que pretendió enmascarar la crisis del régimen.
El texto, ahora abierto a consulta en el Archivo General de la Nación, quería destacar el paroxismo de la simulación al que se había llegado. Contenía una crítica severa a las deudas sociales acumuladas, un recuento de los cuellos de botella de la economía y una propuesta de reforma política, que después fue conocida como “apertura democrática para el desarrollo”.
Casi 40 años después verá la luz un volumen en el que trazo la crónica de una transición catastrófica, por la que hemos arribado a una situación mucho más grave que la de entonces: la ilegitimidad del poder público que intenta sostenerse mediante la supeditación a un protectorado transnacional. De un lado, la negativa cómplice a mostrar los testimonios del fraude electoral y del otro la determinación de violentar la Constitución mediante una legislación espuria sobre energía.
La oferta del recién estrenado consejero presidente del IFE, en sentido de mostrar las boletas electorales de 2006 protegidas por vitrinas, más parece una metáfora que el cumplimiento de una disposición constitucional. Vitrina es un “escaparate con tapas o puertas de cristales, pare tener expuestos a la vista, con seguridad, objetos de arte o artículos de comercio”. En este caso para exhibir, sin posibilidad de ser revisados, los documentos que acreditan la expresión de la soberanía popular.
La controversia inicia con la demanda de amparo interpuesta por Rafael Rodríguez Castañeda para reclamar la inconstitucionalidad de la negativa de acceso a las boletas electorales, tanto como la del artículo 254 del Cofipe. La Suprema Corte negó en definitiva el recurso y con ello colocó la ley electoral por encima de la ley suprema, que en su artículo sexto establece: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública” y “en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
La propuesta formulada por Leonardo Valdés sólo satisface el derecho a ver, pero en modo alguno el de estar informado. Argumentar obstáculos materiales es superfluo ya que se trata de una corroboración crucial para la historia política del país que podría ocupar el tiempo y los medios que fuesen necesarios. El alegato fundado en que implicaría la reapertura del proceso electoral es falaz, ya que éste ha concluido legalmente y producido consecuencias factuales que lamentamos.
En ese sentido se pronunció el ministro Góngora Pimentel, para quien la norma electoral no es aplicable ya que “el proceso respectivo terminó con la declaratoria de validez efectuada por el Tribunal Electoral”. Tampoco puede involucrarse “la afectación de derechos políticos, porque éstos ya fueron ejercidos y calificados”. El quejoso “no pretendía resolver una disputa electoral, ni mucho menos decidir quién es el titular legítimo del Poder Ejecutivo”. “Lo único que debe resolverse es si al destruirse las boletas se viola el derecho a la información”.
Tal el argumento central del recurso interpuesto por Sergio Aguayo, sobre el cual ha recaído una suspensión provisional que impide la ejecución del fallo anterior. Su actitud es agnóstica: no pretende impugnar ni avalar la elección, pero estima que el derecho ciudadano a saber es inviolable. Le preocupa la percepción generalizada de que se han corrompido los procesos electorales, ya que según la encuesta que cita 69% de la población considera que éstos son “poco limpios”, “nada limpios” o “fraudulentos”. Entre ellos 57% de los panistas consultados, lo que añade una dosis de cinismo.
Su reflexión es histórica. Ha encontrado similitudes entre los comicios de 1929, 1940, 1952, 1988 y los más recientes. Entre ellos: intervención del gobierno a favor de un candidato, canalización de recursos públicos para ese fin, participación ilegal de empresarios, parcialidad de los árbitros electorales, complicidad de la comunidad internacional y férreo control sobre la información. El “litigio de las boletas forma parte de la construcción de la verdad histórica” y, habría que decir, de la restauración democrática.
Eso es precisamente lo que el gobierno y sus aliados buscan impedir, mientras no logren afianzarse en el poder por la vía de los hechos y asegurar su reproducción mediante acuerdos denigrantes con potencias extranjeras. Quieren evitar el estallido de los escaparates, que abriría anchas avenidas a la ciudadanía para el rescate de sus derechos conculcados.
bitarep@gmail.com
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/40140.html
29 de marzo de 2008
En 1969 fui requerido por un alto funcionario para darle mi opinión sobre el estado del sistema político mexicano después de la represión del año anterior. Era yo a la sazón profesor de la materia en El Colegio de México y ello me obligaba a un texto analítico pero también prospectivo. Lo titulé “Patria de escaparate”, en alusión a la propaganda triunfalista desplegada con motivo de las Olimpiadas, que pretendió enmascarar la crisis del régimen.
El texto, ahora abierto a consulta en el Archivo General de la Nación, quería destacar el paroxismo de la simulación al que se había llegado. Contenía una crítica severa a las deudas sociales acumuladas, un recuento de los cuellos de botella de la economía y una propuesta de reforma política, que después fue conocida como “apertura democrática para el desarrollo”.
Casi 40 años después verá la luz un volumen en el que trazo la crónica de una transición catastrófica, por la que hemos arribado a una situación mucho más grave que la de entonces: la ilegitimidad del poder público que intenta sostenerse mediante la supeditación a un protectorado transnacional. De un lado, la negativa cómplice a mostrar los testimonios del fraude electoral y del otro la determinación de violentar la Constitución mediante una legislación espuria sobre energía.
La oferta del recién estrenado consejero presidente del IFE, en sentido de mostrar las boletas electorales de 2006 protegidas por vitrinas, más parece una metáfora que el cumplimiento de una disposición constitucional. Vitrina es un “escaparate con tapas o puertas de cristales, pare tener expuestos a la vista, con seguridad, objetos de arte o artículos de comercio”. En este caso para exhibir, sin posibilidad de ser revisados, los documentos que acreditan la expresión de la soberanía popular.
La controversia inicia con la demanda de amparo interpuesta por Rafael Rodríguez Castañeda para reclamar la inconstitucionalidad de la negativa de acceso a las boletas electorales, tanto como la del artículo 254 del Cofipe. La Suprema Corte negó en definitiva el recurso y con ello colocó la ley electoral por encima de la ley suprema, que en su artículo sexto establece: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública” y “en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
La propuesta formulada por Leonardo Valdés sólo satisface el derecho a ver, pero en modo alguno el de estar informado. Argumentar obstáculos materiales es superfluo ya que se trata de una corroboración crucial para la historia política del país que podría ocupar el tiempo y los medios que fuesen necesarios. El alegato fundado en que implicaría la reapertura del proceso electoral es falaz, ya que éste ha concluido legalmente y producido consecuencias factuales que lamentamos.
En ese sentido se pronunció el ministro Góngora Pimentel, para quien la norma electoral no es aplicable ya que “el proceso respectivo terminó con la declaratoria de validez efectuada por el Tribunal Electoral”. Tampoco puede involucrarse “la afectación de derechos políticos, porque éstos ya fueron ejercidos y calificados”. El quejoso “no pretendía resolver una disputa electoral, ni mucho menos decidir quién es el titular legítimo del Poder Ejecutivo”. “Lo único que debe resolverse es si al destruirse las boletas se viola el derecho a la información”.
Tal el argumento central del recurso interpuesto por Sergio Aguayo, sobre el cual ha recaído una suspensión provisional que impide la ejecución del fallo anterior. Su actitud es agnóstica: no pretende impugnar ni avalar la elección, pero estima que el derecho ciudadano a saber es inviolable. Le preocupa la percepción generalizada de que se han corrompido los procesos electorales, ya que según la encuesta que cita 69% de la población considera que éstos son “poco limpios”, “nada limpios” o “fraudulentos”. Entre ellos 57% de los panistas consultados, lo que añade una dosis de cinismo.
Su reflexión es histórica. Ha encontrado similitudes entre los comicios de 1929, 1940, 1952, 1988 y los más recientes. Entre ellos: intervención del gobierno a favor de un candidato, canalización de recursos públicos para ese fin, participación ilegal de empresarios, parcialidad de los árbitros electorales, complicidad de la comunidad internacional y férreo control sobre la información. El “litigio de las boletas forma parte de la construcción de la verdad histórica” y, habría que decir, de la restauración democrática.
Eso es precisamente lo que el gobierno y sus aliados buscan impedir, mientras no logren afianzarse en el poder por la vía de los hechos y asegurar su reproducción mediante acuerdos denigrantes con potencias extranjeras. Quieren evitar el estallido de los escaparates, que abriría anchas avenidas a la ciudadanía para el rescate de sus derechos conculcados.
bitarep@gmail.com
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/40140.html
viernes, 28 de marzo de 2008
La traición
Luis Javier Garrido
La traición
La disputa por el petróleo mexicano ha llegado a un momento crucial en la primavera de 2008, pues el gobierno ilegítimo tiene ya frente a él a amplios sectores de mexicanos organizados y decididos a impedir su entrega a multinacionales extranjeras.
1. La fuerza del movimiento nacional en defensa del petróleo convocado por Andrés Manuel López Obrador ha sorprendido de tal manera al gobierno de facto de Felipe Calderón, empeñado en ocultar mediante una amplia estratregia mediática su pretensión de entregar el control de los yacimientos petrolíferos de la nación a diversas corporaciones multinacionales, que éste no halla ahora cómo presentar la iniciativa de cambios legales con la que busca cumplir con una serie de acuerdos políticos inconfesables.
2. La enorme movilización de decenas de miles de mexicanos en la Plaza de la Constitución del martes 25, que los medios buscaron ocultar a toda costa pues fue la segunda de esta magnitud en una semana, significó el fracaso de la estrategia de medios diseñada por Mouriño y Calderón para desmovilizar a importantes sectores, pues lejos de eso mostró a un pueblo dispuesto a una serie de acciones de resistencia civil y cada vez más comprometido e indignado por el que ya se reconoce en todos los ámbitos como el más grave acto de traición a México que se intenta cometer desde mediados del siglo XIX.
3. La publicación de extractos del documento de la Secretaría de Energía titulado de manera hipócrita Fortalecimiento de Pemex, y enviado al PRI como un supuesto “diagnóstico” a fin de justificar la entrega que pretende hacer de los yacimientos petrolíferos mexicanos al capital trasnacional (La Jornada, 26 de marzo) no deja lugar a duda, pues lo que quieren Calderón, Mouriño y asociados, como todo mundo sabe, es modificar mañosamente la legislación secundaria de México en la materia para abrir una vía –que sería ilegal y en contravención a la Constitución– a fin de permitirle a Petróleos Mexicanos (Pemex) “celebrar alianzas o asociaciones” con las grandes multinacionales “para la exploración y la producción”, con lo que éstas tendrían así el control estratégico de la nación.
4. El “affaire Mouriño”, marcado por los gravísimos actos de corrupción que el empresario hispano que se ostenta como secretario de Gobernación confesó cínicamente estar cometiendo como funcionario público al autotorgarse contratos en materia energética, no ha podido por otra parte ser acallado por las campañas oficiales de desinformación, y no hace día a día más que crecer y confirmar que “la alianza” o “asociación” de Pemex con consorcios multinacionales (que esa es la forma que prevén para la privatización), al tiempo que reduciría a un México despojado al atraso, la miseria y el desempleo, cancelando por muchas décadas las posibilidades de un verdadero desarrollo, le permitiría lograr a Calderón y a sus amigos descomunales beneficios económicos.
5. La cuestión petrolera pone a México de esta manera a la hora de América Latina, pues es cierto que en un momento histórico en el que diversos gobiernos del continente plantean como fundamental el resistir al embate de las trasnacionales, defendiendo sus recursos estratégicos y fortaleciendo a las empresas petroleras del Estado, anacrónicamente Calderón y sus amigos buscan entregar a grupos privados un recurso básico que le ha costado décadas de sacrificio al pueblo mexicano, pero también lo es la circunstancia de que abajo las cosas están cambiando. El movimiento nacional en defensa del petróleo hermana al pueblo de México con las luchas de otros pueblos latinoamericanos en defensa de sus recursos básicos, muchas de las cuales en Bolivia, en Ecuador, en Perú o en Uruguay han constituido movimientos triunfantes que han impedido la privatización del agua, de la minería o de los recursos naturales.
6. El fracaso del gobierno para plantear su propuesta petrolera indigna incluso a sus propios aliados, pues hasta ahora no ha expuesto ninguna idea seria sobre la industria y carece de todo consenso, por lo que se ha limitado a una campaña de eslogans, la que por otra parte ofende a amplios sectores sociales, que ven una vez más el desprecio de Calderón por el pueblo.
7. El primer fracaso de Mouriño, y el que más interrogantes suscita, es frente al PRI, pues el senador Manlio Fabio Beltrones acusó el miércoles 26 a Calderón de alterar las cifras sobre las reservas de crudo y reiteró que “la reforma energética” no puede implicar modificaciones constitucionales, los contratos “de riesgo” o la privatización, evidenciando las divergencias que existen entre los priístas, que saben que si avalan la propuesta oficial y las alianzas de Pemex, el PRI dará un paso determinante hacia su extinción.
8. El segundo fracaso del gallego ha sido en su pretensión de imponer por la vía del fraude a Jesús Ortega en la presidencia perredista, lo que le habría permitido al gobierno espurio el control del PRD, dándole un aliado para sus políticas entreguistas y cancelando de paso la posibilidad de cualquier candidatura opositora en 2012. Ortega perdió las elecciones internas y no podría ser impuesto sino por medio de trampas, de manera que lo único logrado por Mouriño fue hundir en el lodazal del descrédito a decenas de columnistas y locutores, en particular al equipo de Televisa, que en su afán de servir al gobierno han lanzado una indigna campaña de desinformación que avergonzaría a cualquiera en un país democrático.
9. La experiencia de Mouriño como mapache electoral es de sobra conocida, pues Calderón llegó, como se sabe, a la Presidencia de facto tras dos fraudes electorales, el primero de los cuales fue en las elecciones internas del PAN de 2005 y en el cual intervino Mouriño: mismo que fue denunciado por Santiago Creel, el otro contendiente, tras los comicios de Yucatán y Jalisco, calificándolos como “un cochinero”, y aunque el gobierno foxista le impidió a Creel acudir a las instancias federales, Calderón quedó acreditado desde entonces como el político surgido del “cochinero”.
10. La movilización social en defensa del petróleo mexicano es por sobre todo esto la más importante en la historia reciente del país, y de ella debe surgir no sólo una defensa a ultranza de nuestros recursos estratégicos e impedir la traición a México, sino una refundación democrática de la nación.
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/28/index.php?section=opinion&article=022a1pol
La traición
La disputa por el petróleo mexicano ha llegado a un momento crucial en la primavera de 2008, pues el gobierno ilegítimo tiene ya frente a él a amplios sectores de mexicanos organizados y decididos a impedir su entrega a multinacionales extranjeras.
1. La fuerza del movimiento nacional en defensa del petróleo convocado por Andrés Manuel López Obrador ha sorprendido de tal manera al gobierno de facto de Felipe Calderón, empeñado en ocultar mediante una amplia estratregia mediática su pretensión de entregar el control de los yacimientos petrolíferos de la nación a diversas corporaciones multinacionales, que éste no halla ahora cómo presentar la iniciativa de cambios legales con la que busca cumplir con una serie de acuerdos políticos inconfesables.
2. La enorme movilización de decenas de miles de mexicanos en la Plaza de la Constitución del martes 25, que los medios buscaron ocultar a toda costa pues fue la segunda de esta magnitud en una semana, significó el fracaso de la estrategia de medios diseñada por Mouriño y Calderón para desmovilizar a importantes sectores, pues lejos de eso mostró a un pueblo dispuesto a una serie de acciones de resistencia civil y cada vez más comprometido e indignado por el que ya se reconoce en todos los ámbitos como el más grave acto de traición a México que se intenta cometer desde mediados del siglo XIX.
3. La publicación de extractos del documento de la Secretaría de Energía titulado de manera hipócrita Fortalecimiento de Pemex, y enviado al PRI como un supuesto “diagnóstico” a fin de justificar la entrega que pretende hacer de los yacimientos petrolíferos mexicanos al capital trasnacional (La Jornada, 26 de marzo) no deja lugar a duda, pues lo que quieren Calderón, Mouriño y asociados, como todo mundo sabe, es modificar mañosamente la legislación secundaria de México en la materia para abrir una vía –que sería ilegal y en contravención a la Constitución– a fin de permitirle a Petróleos Mexicanos (Pemex) “celebrar alianzas o asociaciones” con las grandes multinacionales “para la exploración y la producción”, con lo que éstas tendrían así el control estratégico de la nación.
4. El “affaire Mouriño”, marcado por los gravísimos actos de corrupción que el empresario hispano que se ostenta como secretario de Gobernación confesó cínicamente estar cometiendo como funcionario público al autotorgarse contratos en materia energética, no ha podido por otra parte ser acallado por las campañas oficiales de desinformación, y no hace día a día más que crecer y confirmar que “la alianza” o “asociación” de Pemex con consorcios multinacionales (que esa es la forma que prevén para la privatización), al tiempo que reduciría a un México despojado al atraso, la miseria y el desempleo, cancelando por muchas décadas las posibilidades de un verdadero desarrollo, le permitiría lograr a Calderón y a sus amigos descomunales beneficios económicos.
5. La cuestión petrolera pone a México de esta manera a la hora de América Latina, pues es cierto que en un momento histórico en el que diversos gobiernos del continente plantean como fundamental el resistir al embate de las trasnacionales, defendiendo sus recursos estratégicos y fortaleciendo a las empresas petroleras del Estado, anacrónicamente Calderón y sus amigos buscan entregar a grupos privados un recurso básico que le ha costado décadas de sacrificio al pueblo mexicano, pero también lo es la circunstancia de que abajo las cosas están cambiando. El movimiento nacional en defensa del petróleo hermana al pueblo de México con las luchas de otros pueblos latinoamericanos en defensa de sus recursos básicos, muchas de las cuales en Bolivia, en Ecuador, en Perú o en Uruguay han constituido movimientos triunfantes que han impedido la privatización del agua, de la minería o de los recursos naturales.
6. El fracaso del gobierno para plantear su propuesta petrolera indigna incluso a sus propios aliados, pues hasta ahora no ha expuesto ninguna idea seria sobre la industria y carece de todo consenso, por lo que se ha limitado a una campaña de eslogans, la que por otra parte ofende a amplios sectores sociales, que ven una vez más el desprecio de Calderón por el pueblo.
7. El primer fracaso de Mouriño, y el que más interrogantes suscita, es frente al PRI, pues el senador Manlio Fabio Beltrones acusó el miércoles 26 a Calderón de alterar las cifras sobre las reservas de crudo y reiteró que “la reforma energética” no puede implicar modificaciones constitucionales, los contratos “de riesgo” o la privatización, evidenciando las divergencias que existen entre los priístas, que saben que si avalan la propuesta oficial y las alianzas de Pemex, el PRI dará un paso determinante hacia su extinción.
8. El segundo fracaso del gallego ha sido en su pretensión de imponer por la vía del fraude a Jesús Ortega en la presidencia perredista, lo que le habría permitido al gobierno espurio el control del PRD, dándole un aliado para sus políticas entreguistas y cancelando de paso la posibilidad de cualquier candidatura opositora en 2012. Ortega perdió las elecciones internas y no podría ser impuesto sino por medio de trampas, de manera que lo único logrado por Mouriño fue hundir en el lodazal del descrédito a decenas de columnistas y locutores, en particular al equipo de Televisa, que en su afán de servir al gobierno han lanzado una indigna campaña de desinformación que avergonzaría a cualquiera en un país democrático.
9. La experiencia de Mouriño como mapache electoral es de sobra conocida, pues Calderón llegó, como se sabe, a la Presidencia de facto tras dos fraudes electorales, el primero de los cuales fue en las elecciones internas del PAN de 2005 y en el cual intervino Mouriño: mismo que fue denunciado por Santiago Creel, el otro contendiente, tras los comicios de Yucatán y Jalisco, calificándolos como “un cochinero”, y aunque el gobierno foxista le impidió a Creel acudir a las instancias federales, Calderón quedó acreditado desde entonces como el político surgido del “cochinero”.
10. La movilización social en defensa del petróleo mexicano es por sobre todo esto la más importante en la historia reciente del país, y de ella debe surgir no sólo una defensa a ultranza de nuestros recursos estratégicos e impedir la traición a México, sino una refundación democrática de la nación.
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/28/index.php?section=opinion&article=022a1pol
La JBG “Nueva Semilla que va a Producir” denuncia los ataques del mal gobierno hacia las comunidades en resistencia. 26 de Marzo.
CARACOL V QUE HABLA PARA TODOS
CHA'AN LAK PEJTELEL
TE PUY YA XC'UPOJ HABLA PARA TODOS
PUY MU'UBATI T' ' YU'UN TA JPISILTIC
A la sociedad civil nacional e internacional
A las y los adherentes a la Otra Campaña
A las y los hermanos de los diferentes pueblos dignos de Chiapas, México y el Mundo
Hermanas y hermanos,
Nos dirigimos a ustedes alzando nuestra palabra para hacer de su conocimiento los diferentes problemas que estamos sufriendo por los ataques a nuestro caminar en la autonomía que hay en las diferentes comunidades y municipios que formamos este caracol V que habla para tod@s
1. Como ya lo saben en 1994 nuestros pueblos alzaron su voz y sus armas para decirle a todo México y el Mundo que en Chiapas existen muchos pueblos que vivimos despojados, explotados y humillados por un sistema social injusto a lo largo de más de 500 años, y que en todo este tiempo hemos resistido pero que Ya Basta de tanta injusticia. Como pueblos indígenas tenemos nuestro derecho a ser respetados, pero el mal gobierno con sus engaños no cumplió los Acuerdos de San Andrés y este desconocimiento creció las raíces de los conflictos que hoy seguimos sufriendo los pueblos indígenas de México. Nosotros dijimos entonces que no vamos a obedecer mientras no se nos reconozca cabal nuestros derechos, sino se nos toma en cuenta y respeta verdaderamente en nuestro modo, esta es y será la causa de nuestra rebeldía y resistencia.
2. Nuestro territorio donde caminamos construyendo autonomía como pueblos indígenas es nuestra madre tierra, la que nos nace, nos alimenta, la que nos da vida, la que guarda nuestra historia, la de nuestras abuelas y abuelos. De ella aprendimos a vivir, a luchar, a resistir. De sus entrañas, de sus tierras, aires y aguas salen todas las riquezas para nuestros pueblos, por eso todos los que vivimos en ella tenemos el derecho que no nos pueden arrebatar. Con nuestro trabajo, con nuestro sudor, nuestro sufrimiento por tantos y tantos años lo tenemos ganado nuestro derecho y no daremos paso para atrás para defenderlo.
3. El mal gobierno y sus mentiras nos quiere seguir desconociendo y despojando de nuestro derecho como pueblos indígenas a vivir y disfrutar de lo que nuestra madre tierra nos da. Por esta razón desconocemos el pago de la energía eléctrica, así como de los impuestos sobre la tierra que es de quien la trabaja. Esta resistencia al pago es porque la luz y la tierra les pertenece cabal a los pueblos de México, no son para el enriquecimiento de unos pocos como ha sucedido con los malos gobiernos que extraen la riqueza de nuestros territorios y luego nos la quieren cobrar como si fuera de ellos. No hermanas y hermanos, estas riquezas pertenecen al pueblo de México y tenemos derecho sobre ellas, no es para que los malos gobiernos nos la arrebaten y cobren para que los malos políticos vivan como ricos de ella o la regalen a las grandes empresas capitalistas y trasnacionales y todos los que somos campesinos e indígenas pobres nos las quiera cobrar como si les perteneciera o como si fuera una empresa para el enriquecimiento de unos pocos, esa es y será riqueza de nuestros pueblos de México.
4. Como los malos gobiernos saben que existen muchos pueblos además de los zapatistas que están resistiendo ha buscado con sus políticas engañar y obligar a pagar. Y así ofreciendo sus migajas de programas y proyectos es como ha confundido a muchos hermanos nuestros y los ha engañado para que vayan olvidando su lucha que no es solo para los nosotros presentes, sino para todos que los detrás vienen caminando. Así en los tiempos presentes y con estos engaños está confundiendo a hermanas y hermanos para que se pongan en contra nuestra, de nuestro caminar y resistencia.
Texto Completo Click Aquí
¡Pemex es de todos!
Jaime Martínez Veloz
Al igual que han hecho en el pasado, los mismos merolicos repiten, según convenga, medias verdades o medias mentiras, para lograr sus propósitos.
Cuando decidieron vender los satélites mexicanos, hablaron de modernización de las telecomunicaciones, del ingreso al mundo global y una sarta de sandeces por el estilo. Del mismo modo lo hicieron para pasar los ferrocarriles y aeropuertos a empresas trasnacionales. En ningún caso llegó la prometida modernización, los ferrocarriles siguen igual y los aeropuertos son un pingüe negocio para las empresas españolas, danesas y francesas que los controlan.
Hoy los aeropuertos mexicanos son administrados por gerentes de medio pelo, nombrados en Europa y sin ningún compromiso con el desarrollo y la seguridad nacional del país. Lo mismo ha pasado con los puertos mexicanos en manos de empresas estadunidenses y asiáticas, cuyos intereses gravitan alrededor de las ganancias de las empresas y nunca a favor de los intereses nacionales. Un hecho que se añade a esta situación crítica es el de que México no tiene un control efectivo de sus fronteras, dado que puertos y aeropuertos son administrados por personal nombrado desde las oficinas de las empresas extranjeras que las controlan.
En medio de la crispación mediática promovida por quienes a toda costa pretenden seguir realizando negocios a costa de las riquezas mexicanas, tachan cualquier argumento adverso a sus pretensiones privatizadoras de "nacionalismo trasnochado", cuando lo único que se pretende es ordenar la discusión sobre elementos tangibles que esclarezcan el debate y sus términos.
Es evidente que la racionalidad no existe como elemento conductor y la única lógica que existe es la de los intereses en juego, ante lo cual sólo impera el avasallamiento mediático para inducir la opinión ciudadana hacia los objetivos que persiguen quienes pretender lucrar o seguirlo haciendo con la riqueza nacional.
Hoy nos presentan una guerra de cifras y declaraciones acerca de la reducción de las reservas petroleras, de la caída de la producción de crudo con respecto al bimestre del año anterior, pero nadie explica cuestiones básicas, cuya información es necesaria en la toma de decisiones. Por ejemplo, con todo y la anunciada caída de la producción petrolera de este año, ésta sigue siendo mayor a la de 1998. Por ello la primera pregunta necesaria en este tema es ¿quién autorizó el incremento de la sobrexplotación petrolera en el último decenio? ¿Con qué criterios se produjo?
Aunado a lo anterior, es necesario apuntar que el incremento en la producción petrolera ha estado acompañado en los últimos años de un precio excepcional, cuyas ganancias no se han visto reflejadas ni en el desarrollo nacional ni tampoco en el fortalecimiento de la industria petrolera mexicana. Se han sobrexplotado las reservas de hidrocarburos mexicanas, se han obtenido grandes ingresos, pero no se ha invertido en exploración, en investigación, mucho menos en la construcción de nuevas refinerías, que permitieran abatir los precios de las gasolinas que compramos en el extranjero.
El precio del barril de petróleo, acordado anualmente para elaborar el presupuesto nacional, ha estado por debajo del precio en el mercado, lo que le ha permitido al país obtener cada año importantes excedentes que hasta hoy no se han reflejado en el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex). Aquí cabría preguntar ¿quién decide el destino de estos recursos? ¿Por qué no difunde espots explicando dónde quedaron estos recursos?
Por ello, lo importante para el gobierno federal no ha sido la aportación de elementos sólidos para el debate, sino con el criterio de cualquier campaña mediática, se utilizan argumentos vulgares para ganarse la aceptación de la opinión pública y orientar una decisión que le permita a los coyotes internacionales apoderarse de uno de los últimos bastiones de la economía mexicana: el petróleo.
En este enredo de cifras, intereses y desacuerdos sobresalen posiciones objetivas, prudentes e informadas como las expuestas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Rojas, presidente de la Fundación Colosio del PRI, el ingeniero José Luis Apodaca, de Nuevo León, y el ex senador Manuel Bartlett, entre otros, que han formulado interesantes propuestas con información, posturas y datos que aportan elementos para un debate serio y de cara a la nación.
Ir a aguas profundas antes de certificar nuestras reservas en las costas mexicanas o en aguas someras es una acción que requiere algo más que un espot facilón, frívolo y sentimental. ¿Qué pasó con las reservas de Chicontepec, con las cuales el gobierno de Fox presumía? En el momento de ser necesario de ir a aguas profundas, ¿por qué asociarse, en lugar de contratar tecnología? ¿Por qué vamos a dividir las ganancias que le corresponden al desarrollo nacional?
Muchas preguntas están en el ambiente, el debate apenas comienza; el debate debe ser profundo y las decisiones debidamente razonadas. La impericia de los operadores del gobierno federal ha impedido soluciones a cualquier tema de la agenda nacional.
Este escenario obliga a un replanteamiento de las fuerzas y organizaciones nacionales, a construir una alternativa que le permita a Pemex consolidarse como la opción de un sostenido desarrollo del país, para lo cual se hace indispensable reformas que fortalezcan a la institución petrolera.
En esta dinámica las posturas del PRD y el PRI son claves. Al margen de sus diferencias internas, la definición del PRD es clara y pública en contra de cualquier apetito privatizador. En el lado del PRI, su presidenta, Beatriz Paredes, ha rechazado públicamente las ambiciones privatizadoras y la ha acompañado la postura del ex director de Pemex Francisco Rojas. Cabe esperar la misma definición de los coordinadores de las fracciones parlamentarias priístas en el Senado y la Cámara de Diputados. Ojalá así sea. Pemex es de todos.
El PRI causó lodazal: Encinas
Señala intromisión de gobiernos de Durango, Oaxaca y Veracruz
Fidel Samaniego R.
El Universal
Viernes 28 de marzo de 2008
fidel.samaniego@eluniversal.com.mx
Alejandro Encinas, quien se encuentra sumido en un conflicto con Jesús Ortega por la presidencia del PRD, aseguró que hay acreditadas intervenciones de los gobiernos priístas de Durango, Oaxaca y Veracruz, además del perredista de Chiapas, que pretendieron favorecer a su adversario en las elecciones del 16 de marzo.
En esos estados, dijo en una entrevista, se han probado irregularidades como casillas en las que hubo más votos que boletas, o las llamadas zapato o unas más que no fueron instaladas y de las que sin embargo se reportaron resultados.
Encinas modificó de esta forma la línea crítica hacia Ortega, al abrir un nuevo frente de debate con el PRI sobre su presunto involucramiento en el proceso electoral del PRD, que se encuentra empantanado por numerosas irregularidades.
Tanto él como Ortega están enfrascados en una guerra de cifras donde cada uno asegura que va adelante en el cómputo. Sin embargo, sostuvo que en ningún momento se ha visto perdedor en la elección.
La crisis electoral que vive el PRD llevó a que segmentos influyentes dentro del partido cercanos a Ortega, comenzaran a explorar la posibilidad de un presidente interino que pudiera salir de entre el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, y el senador Ricardo Monreal.
Encinas dijo que no conoce ninguna propuesta sobre esa posibilidad y apuntó que la única instancia que podría hacer tal declaratoria es la Comisión Nacional de Garantías que tendría que anular la elección después de calificarla.
“Espero que no llegue a suceder”, agregó. “Voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que el proceso se limpie y concluya debidamente”.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/30703.html
Fidel Samaniego R.
El Universal
Viernes 28 de marzo de 2008
fidel.samaniego@eluniversal.com.mx
Alejandro Encinas, quien se encuentra sumido en un conflicto con Jesús Ortega por la presidencia del PRD, aseguró que hay acreditadas intervenciones de los gobiernos priístas de Durango, Oaxaca y Veracruz, además del perredista de Chiapas, que pretendieron favorecer a su adversario en las elecciones del 16 de marzo.
En esos estados, dijo en una entrevista, se han probado irregularidades como casillas en las que hubo más votos que boletas, o las llamadas zapato o unas más que no fueron instaladas y de las que sin embargo se reportaron resultados.
Encinas modificó de esta forma la línea crítica hacia Ortega, al abrir un nuevo frente de debate con el PRI sobre su presunto involucramiento en el proceso electoral del PRD, que se encuentra empantanado por numerosas irregularidades.
Tanto él como Ortega están enfrascados en una guerra de cifras donde cada uno asegura que va adelante en el cómputo. Sin embargo, sostuvo que en ningún momento se ha visto perdedor en la elección.
La crisis electoral que vive el PRD llevó a que segmentos influyentes dentro del partido cercanos a Ortega, comenzaran a explorar la posibilidad de un presidente interino que pudiera salir de entre el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, y el senador Ricardo Monreal.
Encinas dijo que no conoce ninguna propuesta sobre esa posibilidad y apuntó que la única instancia que podría hacer tal declaratoria es la Comisión Nacional de Garantías que tendría que anular la elección después de calificarla.
“Espero que no llegue a suceder”, agregó. “Voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que el proceso se limpie y concluya debidamente”.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/30703.html
jueves, 27 de marzo de 2008
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